SGAE versus Taylor Swift: ¿Puede un artista acabar pagando por cantar sus propias canciones?

12 mayo, 2025
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Propiedad intelectual
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Lucas Charnet


El año pasado ya hablamos en este blog sobre las tarifas abusivas de la SGAE, centrándonos especialmente en su impacto sobre festivales y promotores musicales en España. En aquella ocasión, nos preguntábamos si era posible reducir —o incluso evitar— el pago de dichas tarifas. Hoy retomamos ese hilo a raíz de un nuevo capítulo judicial que podría marcar un antes y un después en la gestión de derechos de autor en nuestro país: el conflicto abierto entre la promotora Last Tour y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por los conciertos de Taylor Swift celebrados en Madrid en mayo de 2024.

¿Qué ha pasado con los conciertos de Taylor Swift?

La SGAE ha demandado a Last Tour ante el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao por un impago superior a los 4 millones de euros en derechos de autor, de los cuales aproximadamente la mitad corresponderían a los conciertos de Taylor Swift. La promotora, sin embargo, no se ha quedado de brazos cruzados y ha respondido con dureza: denuncia que las tarifas aplicadas por la SGAE son abusivas, no están alineadas con las de otros países europeos y cuestiona incluso la base de cálculo utilizada por la entidad de gestión.

¿Debe un artista pagar derechos por interpretar sus propias canciones?

Esta es una de las preguntas más controvertidas del caso. ¿Tiene sentido que un artista como Taylor Swift tenga que pagar derechos por cantar obras que ella misma ha compuesto? La respuesta, por sorprendente que parezca para muchos, es sí.

La clave está en la comunicación pública de las obras. Aunque el intérprete sea el autor, si los derechos están gestionados por una entidad como la SGAE (o su equivalente en Estados Unidos, BMI), cualquier uso público de esas canciones debe pasar por caja. El artista o la promotora puede evitar este paso solo si la autora es la titular exclusiva de los derechos y presta su consentimiento expreso, algo que en el contexto de una gira internacional con múltiples agentes, editores y contratos de por medio, no es fácil de acreditar ni gestionar.

El choque legal: tarifas españolas versus estándares internacionales

Uno de los ejes del conflicto gira en torno al porcentaje que la SGAE exige por los conciertos: un 8,5% sobre la taquilla, frente al 1,15% que se aplica en Estados Unidos por parte de BMI. La comparación no deja en buen lugar a la entidad española, especialmente cuando miramos también a países del entorno europeo. Así lo denunció ya en 2013 la Asociación de Promotores Musicales (APM), y lo analizamos en este mismo blog al revisar cómo España lidera el ranking de tarifas más elevadas:

| País | Tarifa derechos autor sobre taquilla |
| --- | --- |
| España (SGAE) | 8,5% |
| Alemania (GEMA) | 5,75% – 8% |
| Reino Unido (PRS) | 4,2% |
| Estados Unidos (BMI) | 1,15% |

La Audiencia Nacional y la CNMC ya se han pronunciado en el pasado, reconociendo la posición de dominio de la SGAE y sancionando prácticas abusivas. En concreto, en 2014, la CNMC impuso una sanción de 3,1 millones de euros a la entidad. Más recientemente, casos como el de Def Leppard dieron lugar a sentencias en las que los tribunales fijaron tarifas reducidas del 3%, muy por debajo del 10% que inicialmente pretendía la SGAE.

La importancia de la ley aplicable

Un argumento esgrimido por Last Tour es que, al tratarse de una artista estadounidense, debería aplicarse el régimen de su país. Sin embargo, la ley aplicable es la del país donde se produce la comunicación pública de la obra. Es decir, España.

Así lo recordó la propia SGAE en su comunicado: “La ley que rige es la del país, no la del origen del autor, sino la del lugar donde se produce el hecho que genera el derecho”. Por tanto, aunque la artista sea estadounidense y sus derechos estén representados por BMI, en territorio español es la SGAE la encargada de gestionar el cobro.

¿Y si se negocia directamente con el artista?

Existen supuestos donde, si el artista es titular exclusivo de los derechos y autoriza expresamente su uso, se podría evitar el pago a la SGAE. Pero esta situación es excepcional. En la práctica, es muy difícil asegurar que Taylor Swift, como autora de muchas de sus canciones, no haya cedido parte de sus derechos a editoras o coautores, lo que haría inviable una autorización directa que excluyera por completo la intervención de la entidad de gestión.

Un precedente con consecuencias internacionales

El caso ha llamado la atención incluso en Estados Unidos. BMI alertó a la SGAE de que España era el único país que aún no había satisfecho el pago de los derechos de Taylor Swift por su gira ‘The Eras Tour’. Esto fue lo que terminó por detonar la demanda. La gira, con una recaudación de más de 1.900 millones de euros a nivel global (13 millones en España), es el mayor fenómeno comercial de la historia musical reciente. Que parte de esa cifra esté judicializada en España por los derechos de autor sitúa a nuestro país en el centro de un debate global sobre la transparencia y proporcionalidad en la gestión colectiva.

Reflexión final: ¿una oportunidad para cambiar el sistema?

El conflicto entre Taylor Swift y la SGAE no es solo una batalla legal; es también un símbolo de las tensiones estructurales entre los artistas, sus representantes, los promotores y las entidades de gestión. En España, las tarifas siguen siendo objeto de litigio constante, y aunque existen precedentes de reducción o modificación de las mismas, la posición dominante de la SGAE hace muy difícil negociar en condiciones de igualdad.

Por eso, más allá del caso concreto, es fundamental abrir un debate sobre la modernización del sistema de gestión colectiva, ajustando sus tarifas al mercado internacional y garantizando mayor transparencia para artistas y promotores. Tal vez la presencia de una figura global como Taylor Swift en los tribunales españoles sirva, al menos, para poner luz sobre una cuestión que afecta —y mucho— a la industria musical nacional.

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